La Comunidad de Madrid eleva hasta los 50 años la edad máxima para acceder a Mi Primera Vivienda, el programa de avales públicos que permite solicitar hipotecas con una financiación superior a la habitual. La medida se dirige a personas que pueden afrontar la cuota mensual de un préstamo, pero no han conseguido reunir el ahorro previo que normalmente exige la compra de una casa.
El cambio llega en un contexto de precios elevados y de dificultades para ahorrar la entrada. Hasta ahora, el programa se centraba principalmente en jóvenes de hasta 40 años; desde ahora, también podrán acogerse personas de entre 40 y 50 años, con distintos porcentajes máximos de financiación según su edad.
Más cobertura hipotecaria y viviendas de mayor precio
Gracias al sistema de garantías públicas, las entidades financieras podrán conceder préstamos que cubran hasta el 100% del valor del inmueble para compradores menores de 40 años.
Para quienes tengan entre 40 y 45 años, la cobertura llega al 95%, y entre los 45 y los 50, al 90%. Además, el precio máximo de la vivienda acogida al programa sube de 390.000 a 425.000 euros, lo que amplía considerablemente el abanico de inmuebles elegibles en el mercado madrileño.
Los 25 millones aprobados se distribuirán entre las entidades financieras adheridas, que actualmente son nueve: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural— una vez se firmen los convenios previstos para los próximos meses.
Más familias podrán solicitarlo
La nueva regulación incorpora también a las familias con hijos menores de edad a cargo. Se mantienen, además, las familias numerosas y monoparentales, que podrán acceder al programa sin límite de edad.
La medida amplía el perfil inicial de Mi Primera Vivienda, creado en 2022 para facilitar la compra a jóvenes con ingresos estables pero sin suficiente capacidad de ahorro para asumir la entrada. La Comunidad de Madrid cifra en 8.309 las personas que ya han accedido a una vivienda en propiedad mediante este sistema de garantías públicas