La guerra por la tasa de basuras de Madrid ha entrado en cuenta atrás. La justicia ha anulado el “basurazo” por defectos graves en su tramitación, pero el Ayuntamiento aún tiene la carta del Supremo en la mano: dispone de un máximo de 30 días hábiles desde la notificación de la sentencia para recurrir, un plazo que empezó a correr a finales de marzo y que a estas alturas de abril ya está parcialmente consumido. Lo que el equipo de José Luis Martínez‑Almeida decida en esos días —ya sea recurrir o dejar que el fallo sea firme— marcará el futuro de las devoluciones y del dinero ya cobrado a más de un millón y medio de madrileños.
La Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza que reguló la tasa de gestión de residuos de 2025. Los magistrados entienden que el Ayuntamiento no puso a disposición del público, durante la exposición de la norma, el informe técnico‑económico completo que justificaba el cálculo del recibo, un defecto que califican como “sustancial” y que invalida la aprobación del tributo.
La sentencia se conoció públicamente el 22 y 23 de marzo y afecta al Ayuntamiento de Madrid y al ejercicio 2025, el primero en el que se giró la tasa. Pero el fallo no es firme: el TSJM recuerda que el Consistorio puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de un plazo de 30 días desde la notificación oficial de la resolución. Esa notificación se produjo en torno a esas fechas, de modo que el reloj lleva ya varias semanas corriendo.
Qué pasa si el Ayuntamiento recurre
Si Almeida opta por la vía del Supremo dentro del plazo la sentencia del TSJM no será firme hasta que el Supremo se pronuncie, lo que puede llevar meses o incluso años. Durante ese tiempo, el Consistorio no tendrá que devolver ni un euro de lo cobrado en 2025, ni siquiera a quienes recurrieron en plazo. Los más de 300 millones recaudados seguirán en las arcas municipales mientras el caso se discute en casación.
Asociaciones de consumidores y plataformas como ASUFIN o FACUA alertan de que un recurso al Supremo congelaría las devoluciones y alargaría la inseguridad jurídica para los contribuyentes, que seguirían sin saber si recuperarán lo pagado ni qué ocurrirá con la tasa en 2026 y ejercicios posteriores. Los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales presionan para que el Ayuntamiento renuncie al recurso y asuma el criterio del TSJM, empezando a diseñar un plan de devolución, al menos para los vecinos que recurrieron en tiempo y forma.
Mientras tanto, la tasa de 2026 no se detiene
La batalla legal por 2025 no frena el calendario de este año. Pese a la nulidad, los madrileños tendrán que pagar la tasa de basuras en 2026, según han explicado tanto el Ayuntamiento como los propios medios que siguen el caso. Cuando lleguen los nuevos recibos, se abrirá otro plazo de 30 días para recurrir, independientemente de lo que ocurra con el recurso al Supremo.
En otras palabras, la ciudad vive una especie de doble tiempo: un tiempo judicial, marcado por ese plazo de 30 días ya en marcha para decidir si se va al Supremo y se aplazan las devoluciones y un tiempo administrativo, en el que el Ayuntamiento sigue girando recibos y los contribuyentes deben decidir si pagan y recurren o si asumen el “basurazo” mientras esperan a que hable la última instancia.
En los próximos días, la decisión de Almeida —apurar o no ese plazo de 30 días— definirá qué tipo de batalla se libra a partir de ahora: una centrada en cómo y a quién devolver el dinero, o una prolongación del conflicto en el Supremo con las devoluciones en pausa y los recibos de la tasa cayendo, una vez más, en los buzones de toda la ciudad.