Madrid está a punto de cerrar una de sus operaciones urbanísticas más largas y simbólicas: la Operación Campamento. Tras décadas de bloqueo y negociaciones entre administraciones, el Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el plan de urbanización para un nuevo barrio en los antiguos cuarteles del suroeste con 10.700 viviendas, de las que alrededor del 65% tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto, impulsado hoy por la empresa pública SEPES y la entidad estatal Casa 47, pasa de ser un plan enquistado a convertirse en el gran frente de expansión residencial asequible de la capital.
El ámbito de Campamento ocupa unos 2,11 millones de metros cuadrados de antiguos terrenos militares vinculados históricamente a los cuarteles del Ejército de Tierra junto a la A‑5, en el distrito de Latina. Durante décadas ha funcionado como un gran espacio infrautilizado entre barrios consolidados y la carretera de Extremadura, generando una frontera física y social en el suroeste madrileño.
10.700 viviendas, con mayoría de protección
El corazón de la operación son las 10.700 viviendas que permite la edificabilidad residencial prevista, de 1.134.994 metros cuadrados. Según el planeamiento y los compromisos del Ministerio de Vivienda, la mayoría serán protegidas: en torno al 65% (unas 7.000 viviendas), repartidas entre 3.800 Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) en venta y 1.100 viviendas protegidas destinadas al alquiler. El resto, unas 3.700 unidades, serán viviendas libres, lo que sitúa el peso de la vivienda asequible en un nivel poco habitual para operaciones de esta escala en Madrid.
Esta estructura convierte Campamento en uno de los desarrollos de vivienda pública y asequible más importantes de España, con el objetivo explícito de engordar el parque residencial público en una zona donde el acceso a la vivienda está especialmente tensionado. Casa 47, la entidad estatal de vivienda, y SEPES actúan como motores de la actuación, con financiación pública inicial para urbanización cifrada en unos 140 millones de euros y la compra previa de los suelos al Ministerio de Defensa por 272 millones.
Fases, calendario y papel del Ayuntamiento
La urbanización se ejecutará en tres fases, que podrán acometerse de forma independiente o agrupada. Las fases 1 y 2 concentran los terrenos al sur del ámbito y tienen vocación de desarrollarse de manera conjunta, mientras que la fase 3 abarca las parcelas situadas a ambos lados de la A‑5 y al norte de la autovía. Paralelamente, Ayuntamiento y Ministerio de Vivienda han vinculado el desarrollo de Campamento al soterramiento del segundo tramo de la A‑5 hasta la avenida de la Aviación, para reducir el efecto barrera de la carretera y mejorar la conexión con el resto de la ciudad.
Aquí conviene matizar algo importante: el Ayuntamiento no es el promotor principal de las viviendas, sino quien aprueba el planeamiento, los estatutos de la Junta de Compensación y el proyecto de urbanización. La iniciativa residencial y la inversión proceden de SEPES y del Ministerio de Vivienda, que en 2023 adquirieron los suelos y que ahora impulsan el comienzo de las obras. En 2026, los actos de demolición de antiguos cuarteles y los anuncios del alcalde y del presidente del Gobierno han visualizado ese desbloqueo después de más de veinte años desde el primer protocolo entre Ayuntamiento y Defensa.
Quedan por concretar calendarios finos de entrega y detalles de gestión, pero la aprobación definitiva del planeamiento, la constitución de la Junta de Compensación y el inicio de demoliciones indican que la operación ha pasado de la fase retórica a la fase material. A partir de aquí, el reto será que ese diseño sobre plano se traduzca en un barrio vivo, con equipamientos a tiempo, movilidad sostenible y vivienda protegida que cumpla su función social más allá de los titulares.
