Majadahonda, en el noroeste de la Comunidad de Madrid, se prepara para un vuelco urbanístico: el Ayuntamiento ha aprobado dos nuevos desarrollos residenciales que suman 1.257 viviendas y más de la mitad estarán sometidas a algún régimen de protección. Este movimiento llega en plena tormenta de precios en la vivienda madrileña y se suma a otros proyectos ya en marcha, hasta configurar un “nuevo Majadahonda” con más de 1.800 casas proyectadas en apenas dos años.
El corazón del plan son el Huerto del Parrito y Valles de la Mina, situados en el entorno del cementerio y llamados a marcar el crecimiento de la ciudad en los próximos años. Entre ambos concentrarán 648 viviendas en Huerto del Parrito y 609 en Valles de la Mina, según la documentación urbanística aprobada en pleno municipal. La clave política está en el reparto: más del 50% de las casas previstas será vivienda protegida (VPO o similares), un porcentaje que el propio Ayuntamiento presenta como respuesta a la dificultad de jóvenes y familias para quedarse a vivir en el municipio.
Junto a los bloques de pisos, se esperan nuevos bajos comerciales, equipamientos de proximidad y espacios pensados para actividad económica, de forma que a medio plazo estos desarrollos puedan reforzar el eje de servicios del entorno del cementerio y coser mejor Majadahonda con los municipios vecinos del oeste metropolitano.
El nuevo Majadahonda
El impulso aprobado ahora tampoco parte de cero, sino que se apoya en otra operación previa: el desarrollo conocido como Arroyo del Arcipreste, autorizado en 2025. En ese ámbito se contemplan 618 viviendas adicionales, de las cuales 353 serán protegidas, lo que ya situó a Majadahonda en el radar de la nueva obra residencial de la corona noroeste. A esa cifra habría que añadir las 180 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid en la parcela R08, ya en construcción, de uso preferente para familias vulnerables y con alquiler bonificado.
El anuncio llega tras años de críticas a la “parálisis” urbanística de Majadahonda, con suelos pendientes de desarrollar y una oferta de vivienda nueva escasa frente a una demanda al alza. Los grupos de la oposición habían reclamado acelerar estos planes para evitar que el municipio se convirtiera en un territorio inaccesible para buena parte de su propia población, especialmente jóvenes que se ven obligados a marcharse a otros municipios más asequibles.
Más casas significan también más coches, más necesidad de transporte público y más presión sobre colegios, centros de salud y servicios de barrio. Algunos colectivos vecinales y grupos de la oposición ya han advertido de que el crecimiento residencial debe ir acompañado de un refuerzo claro de infraestructuras, desde conexiones viarias hasta mejoras en Cercanías, autobuses o carriles bici.
