La Comunidad de Madrid ha aprobado una reforma de la norma que regula el Plan Vive que sobre el papel, “flexibiliza” requisitos económicos y acelera adjudicaciones, pero que al mismo tiempo endurece de forma clara el criterio de arraigo: para estar en la primera línea de acceso a estas viviendas en alquiler asequible ya no bastará con tres años de empadronamiento en el municipio, sino que harán falta cinco años, junto a otros cambios clave en cómo se reparten los pisos.
Hasta ahora, quien quisiera optar a un piso del Plan Vive tenía que acreditar al menos tres años empadronado o trabajando en el municipio donde se construía la promoción, o bien cinco años en cualquier localidad de la Comunidad, para escalar posiciones en la lista. Con el decreto aprobado esta semana, el Gobierno regional sube la apuesta:
- Tendrán prioridad absoluta los solicitantes con al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o que lleven ese mismo tiempo trabajando en él.
- En segundo lugar quedarán quienes acrediten diez años de residencia en cualquier punto de la Comunidad de Madrid (antes eran cinco).
- El resto de personas empadronadas solo accederán si no se cubren las viviendas con los dos grupos anteriores.
La Comunidad defiende el cambio como un “refuerzo del arraigo territorial”, con el argumento de que las viviendas subvencionadas deben beneficiar primero a quienes llevan más tiempo vinculados al municipio o a la región.
Más suelo público y listas de espera vivas
No todo son restricciones. La misma reforma del decreto 84/2020 amplía el campo de juego del Plan Vive para que la Comunidad pueda levantar viviendas en suelo de otras administraciones adscritas, como ayuntamientos, y no solo en parcelas autonómicas. La idea es disponer de más terreno para promociones y aumentar la oferta total de alquiler asequible, uno de los puntos débiles señalados por analistas y colectivos de vivienda.
También se anuncian cambios en la gestión y transparencia de las adjudicaciones. Ahora las listas de interesados deberán publicarse de forma permanente en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, para que los solicitantes puedan actualizar sus datos y comprobar en qué punto están. También se reducen plazos de adjudicación y se permite reasignar viviendas de cupos específicos (como víctimas de violencia machista o personas asiladas) al cupo general si quedan vacantes, con el objetivo de evitar pisos cerrados durante meses.
Umbrales de ingresos más amplios (pero con letra pequeña)
Otro de los cambios que el Ejecutivo vende como flexibilización es la ampliación de los umbrales de ingresos para determinadas unidades familiares. En concreto, para hogares de dos miembros se distinguen ahora dos escalas:
- Para viviendas de precio básico: entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM.
- Para viviendas de precio limitado: entre 1,5 y 7,5 veces el IPREM.
Hasta ahora se aplicaba el mismo coeficiente que para hogares de una sola persona, lo que dejaba fuera a parejas con ingresos combinados algo superiores pese a no ser rentas altas. Con esta corrección, la Comunidad sostiene que más ciudadanos podrán cumplir los requisitos y entrar en la horquilla del Plan Vive.
Además, se abre la puerta a usar datos fiscales más recientes y a admitir declaraciones responsables cuando la situación económica haya variado de forma significativa respecto a la última renta presentada (por ejemplo, pérdida de empleo reciente), lo que en teoría debería evitar injusticias en casos límite.
En paralelo, el nuevo reglamento de vivienda protegida que se tramita fija, de forma general para la vivienda pública madrileña, un mínimo de cinco años de arraigo para el alquiler y diez para la compra, y basta con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad familiar. Es decir, el endurecimiento del empadronamiento no es una excepción del Plan Vive, sino parte de un movimiento más amplio en la política de vivienda regional.