El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, la llamada prestación universal por crianza. Se trata todavía de una propuesta política, no de un derecho en vigor, pero ya está incluida como objetivo explícito dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por el Consejo de Ministros, y el Ejecutivo la ha fijado como “meta estratégica” en su lucha contra la pobreza infantil y el desplome de la natalidad.
La idea base es sencilla: pagar 200 euros mensuales por cada menor de 18 años a cargo de una familia, es decir, 2.400 euros al año por hijo. Sería una prestación universal, similar en lógica a la sanidad o la educación públicas: llegaría al 100% de los hogares con menores, sin límites de renta ni exigencia de cotizaciones, y sería compatible con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o las prestaciones de Seguridad Social ya existentes. Una familia con dos hijos, por ejemplo, podría recibir 4.800 euros al año; con tres, 7.200 euros, siempre que la medida se apruebe en los términos planteados.
Según los cálculos manejados por el Ministerio de Derechos Sociales y distintos informes citados por el Gobierno, el coste de la prestación se movería en torno a los 18.000–19.000 millones de euros anuales, alrededor del 2,7% del gasto público, lo que obligaría a encajarla en unos futuros Presupuestos con una reforma fiscal de corte más redistributivo. De ahí que, aunque el diseño esté ya bastante perfilado, su puesta en marcha dependa todavía de que el Ejecutivo logre apoyos parlamentarios suficientes y acuerde cómo financiarla.
Objetivos: rebajar la pobreza infantil y mejorar la natalidad
La prestación universal por crianza nace con una doble vocación. La primera es reducir de forma drástica la pobreza infantil y aliviar el coste de tener hijos en un país donde casi un tercio de los menores vive en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Según el Gobierno, con una ayuda de este tipo se podría recortar a la mitad la pobreza infantil más severa y rebajar varios puntos la tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión), que hoy sitúa a España entre los peores países de la UE en este indicador.
Organismos como Unicef y diversos estudios académicos llevan años defendiendo una paga por hijo de carácter universal como la herramienta más eficaz para mejorar de forma rápida el nivel de vida de los menores, porque llega a todas las familias, simplifica trámites y evita que se queden fuera hogares vulnerables que no cumplen requisitos muy restrictivos de ingresos o cotización. Además, el Ejecutivo enmarca la medida en una estrategia más amplia de apoyo a la crianza y a la conciliación, permisos parentales más largos, ampliación del permiso por nacimiento, refuerzo de la educación infantil de 0 a 3 años, con la idea de que reducir la carga económica y de cuidados pueda ayudar también a frenar la caída de la natalidad.
Quién podría cobrarla y qué falta por concretar
Sobre el papel, podrían acceder todas las familias con hijos menores de 18 años que residan legalmente en España y estén empadronadas, incluidas familias monoparentales, reconstituidas, adoptivas, con menores tutelados o migrantes no acompañados que estén bajo protección de las administraciones. La documentación prevista sería la habitual en este tipo de prestaciones: libro de familia o resolución de tutela, DNI o NIE de progenitores y menores, y certificado de empadronamiento, entre otros.
Sin embargo, hay que subrayar que por ahora la prestación no está aprobada por ley ni publicada en el BOE, de modo que aún no puede solicitarse ni cobrarse. La Estrategia 2030 fija la prestación como objetivo y diseña sus líneas maestras, pero falta todo el desarrollo normativo: qué organismo la gestionará, cómo se pedirá (si será automática o habrá que tramitarla), cuándo empezaría a abonarse y si habrá una implantación progresiva por tramos de renta o edad.