A escasos metros de la pradera de San Isidro, los vecinos de Los Cármenes cuelgan de sus balcones carteles en protesta por el proyecto que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer para su barrio. Entre el parque de la Cuña Verde y el ahora semiabandonado centro comercial de la Ermita del Santo se van a construir 529 viviendas nuevas, pese a que los vecinos llevan desde 2022 organizando manifestaciones y protestas en contra de lo que han calificado como un nuevo «pelotazo urbanístico, que solo responde a los intereses de los nuevos dueños del terreno».
Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A es el conjunto de cinco empresas dueñas de estos 50.000 metros cuadrados. Con mayor participación (un 30%) está el empresario venezolano Alberto Enrique Finol Galué, quien, según informa El Confidencial también estuvo detrás de una recalificación similar en Barcelona.
La polémica del plan urbanístico en la Ermita del Santo
El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que los vecinos » ganarán dotaciones, espacios públicos y vivienda». El plan del Ayuntamiento frente a las protestas es reubicar el actual Teatro Goya, dar continuidad a las instalaciones deportivas existentes en la avenida de Los Caprichos —aunque el gimnasio ha anunciado su cierre el próximo diciembre— y crear un corredor verde que una el parque de La Ermita del Santo y el de Caramuel. También se destinará un 28% de la vivienda a protección pública.
Mientras, los residentes de la zona, organizados en plataformas como SOS Ermita del Santo, siguen reclamando una ampliación de los servicios públicos en un barrio donde ya están muy saturados y se espera la llegada de casi 600 familias nuevas.
Además, estas nuevas viviendas que tomarán forma de grandes torres de hasta 23 pisos de altura —los manifestantes consiguieron que se rebajaran algunos metros— seguirán la línea de las urbanizaciones residenciales que se han construido justo al otro lado del Madrid Río, donde estaba el antiguo estadio Santiago Calderón, según apuntan los protestantes, contribuirá a la «gentrificación del barrio». Entre las quejas se suman también el alto precio que tendrán los alquileres de vivienda pública, que según los vecinos estarán alrededor de los 1.600 €.
Pero no solo han sido caceroladas y carteles, el pasado mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite el recurso de Ecologistas en Acción y la asociación SOS Ermita del Santo contra el proyecto. Así, los residentes de la zona han canalizado por vía legal lo que según ellos es falta de respuesta del Ayuntamiento frente a las 1.000 alegaciones que les han presentado. Sin embargo, la admisión a trámite no significa que el proyecto se vaya a paralizar.