La reciente implantación de la Tasa por Gestión de Residuos Urbanos (TGR) en Madrid, a partir de septiembre de 2025, ha generado una considerable controversia y confusión, especialmente en el mercado de alquiler. Aunque la obligación de pagar esta tasa recae inicialmente sobre el propietario ante el Ayuntamiento, la ley permite que este coste se repercuta al inquilino, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
La TGR es un tributo obligatorio para los municipios de más de 5.000 habitantes, cuyo objetivo es cubrir el coste real del servicio de recogida de basuras bajo el principio de que quien contamina paga.
Legalmente, y a efectos de la administración local, el sujeto pasivo sustituto y principal obligado al pago de la Tasa de Residuos es el propietario del inmueble (o el titular catastral). El Ayuntamiento de Madrid siempre exigirá el pago y la responsabilidad de la deuda (incluyendo recargos) al dueño de la vivienda, con independencia de si esta está alquilada o no.
Para que el propietario pueda exigir legalmente al inquilino que asuma el coste de la TGR, debe existir un pacto expreso y por escrito en el contrato de arrendamiento que recoja esta obligación. La cláusula debe identificar claramente el gasto que se repercute (la TGR), y preferiblemente, su cuantía o método de cálculo, asegurando la transparencia.
Para los contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la TGR (septiembre de 2025) y que no contemplaban la repercusión de ningún impuesto o tasa, el propietario no puede imponer el pago de la nueva tasa al inquilino, ya que se estaría modificando unilateralmente el contrato. La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) protege los términos de los contratos ya existentes.
Reclamar el pago al Ayuntamiento
Los madrileños ya pueden recurrir la nueva tasa de basuras tras comenzar a recibir los recibos de pago este mes. El Ayuntamiento exige abonar primero el recibo antes de presentar cualquier reclamación. Para facilitar el proceso, Más Madrid ha lanzado un formulario gratuito que permite tramitar el recurso ante el Tribunal Municipal sin necesidad de abogado. El documento genera automáticamente un escrito que puede presentarse en el registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica, adjuntando el justificante de pago.
Las reclamaciones pueden presentarse durante el periodo voluntario de abono y hasta un mes después. Mientras el consistorio defiende que la tasa cumple con la normativa europea y promueve la sostenibilidad, la OCU y parte de la oposición critican su escasa progresividad y la falta de incentivos al reciclaje, señalando que penaliza por igual a todos los hogares.