La historia del tren a la Warner, uno de los mayores exponentes del derroche de infraestructuras en la Comunidad de Madrid, suma un nuevo capítulo: el Gobierno regional ha sido condenado a pagar 7,56 millones de euros más por una línea de Cercanías que lleva 13 años sin usarse y cuya construcción costó unos 85 millones. La infraestructura, el ramal C-3a entre Pinto y San Martín de la Vega, se inauguró en 2002 para conectar el Parque Warner y el municipio con la red de Cercanías bajo el gobierno de Gallardón, pero su sucesora, Esperanza Aguirre lo cerró definitivamente en 2012 por falta de viajeros y escasa rentabilidad.
La nueva factura procede de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a la Comunidad a abonar un justiprecio de 7.560.102,77 euros a una empresa minera por la expropiación de los derechos de explotación de yeso en el paraje del Monte Espartinas, terrenos necesarios para tender la vía en su día. El tribunal considera “insuficiente” la indemnización de algo más de un millón de euros que había fijado el Jurado Territorial de Expropiación en 2022, y afea además al Ejecutivo madrileño el retraso de dos décadas en resolver la compensación.
Un tren que seguirá sin funcionar
La línea, que llegó a contar con 15,3 kilómetros de vía doble electrificada, catenarias y estaciones específicas para el parque temático, ya fue parcialmente desmontada años atrás para ahorrar los cerca de 3 millones anuales que suponía su mantenimiento, pese a estar cerrada. Renfe dejó de explotarla en 2012, y desde entonces la Comunidad ha sondeado sin éxito tanto al Gobierno central como a operadores privados para reabrir el servicio; hace un año, el propio Ejecutivo regional admitió que la reapertura es inviable sin apoyo del Estado.
Con esta nueva indemnización, el “tren a la Warner” refuerza su fama de fiasco. Es una obra millonaria, con un coste total cercano a los 100 millones si se suman infraestructuras y otros compromisos asociados, que no presta servicio desde hace más de una década, pero sigue generando costes judiciales y políticos. Para San Martín de la Vega, que lleva años reclamando la recuperación de la línea como herramienta de movilidad y desarrollo, la sentencia vuelve a recordar una oportunidad perdida que hoy se ve más lejana que nunca.