La situación de la vivienda en Madrid es tan complicada, por culpa de la gran demanda, la poca oferta, y la subida constante de precios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda elevando el tope máximo del precio del inmueble hasta los 425.000 euros (frente al límite previo de 390.000 euros) y ampliando el rango de edad de sus beneficiarios hasta los 50 años.
Esta actualización del plan autonómico busca adaptar las garantías públicas al continuado encarecimiento del mercado inmobiliario madrileño y dar respuesta a hogares que cuentan con ingresos estables para afrontar la cuota mensual, pero carecen del ahorro previo necesario para aportar la entrada.
Financiación escalonada según perfil y edad
El mecanismo no otorga subvenciones directas, sino que actúa como una garantía o aval institucional que cubre el porcentaje que supera el 80 % del valor de compraventa o tasación comercial otorgado habitualmente por los bancos. Las condiciones de financiación se estructuran de la siguiente manera:
- Hasta el 100 % de financiación: reservado a menores de 40 años, así como a familias numerosas, monoparentales o con hijos menores a cargo (incluidos supuestos de adopción o nacimiento reciente).
- Hasta el 95 % de financiación: dirigido a solicitantes situados en la franja de entre 40 y 45 años.
- Hasta el 90 % de financiación: para compradores que se encuentren entre los 45 y los 50 años.
Requisitos de acceso e inmuebles elegibles
Las adquisiciones podrán corresponder tanto a viviendas de segunda mano como a promociones de obra nueva en cualquier municipio de la región. Para poder acogerse al programa a través de las entidades bancarias adscritas al convenio, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:
- Residencia legal: acreditar residencia continuada e ininterrumpida en la Comunidad de Madrid durante al menos los dos años anteriores a la solicitud.
- Titularidad: no ser propietarios de ninguna otra vivienda en el territorio nacional.
- Uso del inmueble: destinar la vivienda a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo obligatorio de cinco años.
Con esta ampliación, la administración regional busca mitigar el principal cuello de botella del mercado residencial, donde la exigencia bancaria de aportar hasta un 30 % del precio total (sumando la entrada e impuestos) ha retrasado de forma continuada la emancipación y la compra de vivienda entre las rentas medias madrileñas.