Mientras por un lado se destruía para siempre una parte fundamental del legado de Antonio Palacios y del patrimonio industrial de los madrileños, por el otro se organizaban exposiciones y homenajes en honor al arquitecto y para recordar, paradójicamente, otras obras suyas ya desaparecidas. La conclusión sigue siendo la misma: la demolición de las históricas Cocheras de Cuatro Caminos –llevada a cabo entre febrero y junio de 2021– era ilegal antes de su ejecución y lo sigue siendo después.
Así lo ha ratificado por segunda vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como respuesta a un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid, Metro y la Sociedad Cooperativa Residencial Metropolitan, en un intento de sacar adelante una promoción de varios edificios y un rascacielos que iba a sustituir a las ya desaparecidas cocheras.
Con esta sentencia, la justicia vuelve a dar la razón a la Asociación en defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural, Social y Natural de la Comunidad de Madrid (MCYP) y a Ecologistas en Acción, que defendían la protección de estas instalaciones de 1919, obra del arquitecto gallego y pioneras en el ámbito del transporte ferroviario en el mundo:
En ese sentido se han pronunciado también a lo largo de los años colectivos vecinales como Corazón Verde de Chamberí o Parque Sí en Chamberí, e incluso se llegó a crear una web –Salvemos Cuatro Caminos. Plataforma por un Museo de Metro en las Cocheras Históricas de Antonio Palacios–, en la que se expone la importancia de su conservación y protección y la problemática del fallido proyecto urbanístico.
¿Cuál es el futuro de las ya desaparecidas Cocheras de Cuatro Caminos?
La «victoria» en los tribunales no puede ser otra que agridulce: si bien se reconoce su relevancia, la pérdida de patrimonio industrial y cultural es irreversible.
No obstante, tanto desde MCYP como desde Ecologistas en Acción piden que se asuman responsabilidades: «El plan de las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos siempre fue ilegal desde su origen, y la demolición por tanto también lo fue, pues se concedió sin legitimidad: ¿Quién responde por ello?».
Para subsanar el daño en la medida de lo posible, exigen que se recupere «el espacio que nunca debió ser derribado para poner en valor el conjunto del Metro» y sugieren, además, que en él se aloje «la colección histórica única en el mundo que atesora la compañía [Metro]».
El plan del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, parece caminar en otra dirección: según declaraciones recogidas por El Economista del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a pesar de la negativa de la justicia ya están en contacto con los vecinos para «trabajar en una nueva ordenación que permita conciliar la necesidad de cumplir lo que dice el Plan General en esa parcela».