El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado varias disposiciones clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, lo que afecta tanto a la emblemática «Madrid Central» como a la zona de «Plaza Elíptica». Esta decisión representa un importante revés para las políticas medioambientales de la ciudad, al cuestionar su aplicación y fundamento legal.
El tribunal ha estimado los argumentos presentados por el Grupo Municipal Vox, liderado por Javier Ortega Smith, quienes habían señalado la falta de informes previos adecuados en la aprobación de la ordenanza.
Esta normativa impuso restricciones a la circulación de vehículos contaminantes en diversas áreas de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Sin embargo, según la sentencia, no se realizaron los estudios previos necesarios para asegurar que las medidas adoptadas respetaran los principios de proporcionalidad y no discriminación.
Los motivos: personas con menos recursos y falta de ponderación
Uno de los puntos clave de la sentencia es la afectación de estas políticas a las personas con menor capacidad económica. El tribunal ha destacado que las restricciones dificultan el acceso de estos ciudadanos a vehículos nuevos que cumplan con los estándares medioambientales, generando una barrera económica para muchos.
Este efecto podría considerarse discriminatorio, especialmente hacia colectivos vulnerables como los autónomos y pequeñas empresas, quienes no necesariamente disponen de recursos suficientes para renovar sus vehículos y adaptarse a las exigencias de la ordenanza.
El fallo también subraya que la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021 no evaluó adecuadamente el balance entre los beneficios y los costes de las restricciones, ni exploró la posibilidad de adoptar alternativas menos restrictivas que pudieran haber tenido un impacto similar en la reducción de emisiones sin perjudicar a las personas más vulnerables
Posible recurso ante el Tribunal Supremo
Aunque esta decisión supone un cambio significativo en las políticas medioambientales de Madrid, aún no es definitiva. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo en el próximo mes, lo que abre la puerta a posibles modificaciones o incluso la anulación definitiva de la ordenanza.