Cinco columnas de tractores –más de 1.500 en total– y más de 8.000 personas está previsto que llenen las calles de Madrid el próximo miércoles 11 de febrero en la gran manifestación convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en señal de protesta contra el acuerdo UE-Mercosur bajo la consigna #TractoresAlaCalle.
La movilización transcurrirá desde la plaza de Colón hasta la puerta del Ministerio de Agricultura, donde tendrá lugar un acto reivindicativo en el que intervendrán todas las organizaciones territoriales, según ha explicado Anastasio Yébenes, responsable de sectores agrícolas de la organización.
La de Madrid –donde ya se produjo una movilización similar en febrero de 2024 bajo el lema «Nos sobran los motivos»– será la última parada de una serie de protestas que se están celebrando por todo el país entre el 26 y el 30 de enero.
¿Por qué se movilizan? El pacto UE-Mercosur y más allá
El acuerdo UE-Mercosur es uno de los ejes centrales de la protesta: el polémico pacto, que lleva más de dos décadas negociándose, preocupa en el sector agrario ya que implica, entre otras cuestiones, facilitar la entrada a los productos agrarios procedentes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur): Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Desde España, el sector agrícola denuncia que no compiten en igualdad de condiciones, ya que ni las exigencias fitosanitarias ni las condiciones laborales o el coste de la mano de obra son iguales y desembocan en que los productores de Mercosur puedan competir en Europa ofreciendo unos productos más baratos.
No obstante, esta no es la única razón que ha llevado a esta gran movilización: desde Unión de Uniones hacen referencia también a «otros acuerdos comerciales en ciernes que afectan también al sector agrario, además de otros movimientos políticos que hacen que la fiesta siempre la paguen los agricultores y los ganaderos».
Más concretamente, las preocupaciones giran en torno al presupuesto comunitario de la PAC –que podría recortarse entre un 15% y un 22%–, la excesiva burocracia para la gestión de explotaciones, los problemas de sanidad animal o la falta de relevo generacional en el campo.