Las cotorras argentinas (Myiopsitta monachus) se han colado en los parques y en los jardines de Madrid y prácticamente en los de todas las grandes ciudades españolas. Su puerta de entrada, sin embargo, fue bastante más pequeña. Fueron los hogares. Su desembarco (o su aterrizaje) en España estuvo condicionado por su bajo precio y se produjo a mediados de los setenta. ¿El problema? Que viven en grupo y que se adaptan con una facilidad pasmosa a casi cualquier entorno.
Y el segundo problema que se deriva de este es que la adaptabilidad no es todo lo positiva que se podría desear: son una especie agresiva con aves autóctonas como los gorriones y su sola presencia supone un problema para la seguridad de los viandantes. Y es que un nido de cotorra argentina puede llegar a pesar hasta 200kg (normalmente pesan entre 40 y 50kg) con todos los riesgos que esto implica.
La alerta social se creó hace un tiempo: en Madrid hay cerca de 12 mil. Y subiendo: en los últimos 3 años, la población de cotorras argentinas ha aumentado un 33%. Es por eso por lo que Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, anunció hace unos meses un plan de exterminio para este animal. Un plan que tendrá dos ejes: el de caza y el de esterilización.
El plan, habían calculado las autoridades, iba a tener un coste de entre 6 y 8€ por cotorra. Ahora, sin embargo, se ha multiplicado en demasía: la acción tendrá un coste de tres millones. Su ejecución se producirá durante las noches. Los nidos de las cotorras serán cercados con trampas y redes, se cerrará por la noche y cuando estén durmiendo serán capturadas a mano. Paralelamente, se esterilizarán los huevos. El objetivo es acabar con el 90% de cotorras hasta llegar a unas 1.300. Huelga decir que la acción se acometerá bajo estricto cumplimiento de la ley de bienestar animal.
La ejecución del plan, que fue aprobado en junio de 2020, ya estaba en marcha y este nuevo retraso viene derivado de relativas irregularidades en la adjudicación del concurso público. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental defendió que las empresas de control de plagas pudieran participar en el concurso público, la propuesta se llevó a juicio y el tribunal falló a favor de la asociación. De este modo, se espera que esta nueva licitación tenga ganador dentro de seis o siete meses.