La ampliación de las aceras de la Gran Vía la Navidad pasada no solo levantó polémica y aplausos, sino también un recurso interpuesto por UNO Organización Empresarial de Logística y Transportes por entender que la decisión, decretada por el gobierno municipal, iba en contra de los derechos de la comunicaciones postales y los usuarios.
Ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid parece haberle dado la razón a la organización al invalidar el decreto del gobierno de Manuela Carmena por precipitado y por no responder, según informa el portal SomosMalasaña.com.
En la sentencia se desprende que, aunque el Ayuntamiento “puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas”, el magistrado entiende que el Ayuntamiento se arrogó competencias estatales o autonómicas al intentar ganar espacio para los peatones, favoreciendo así solo a una parte de la colectividad.
Sin embargo, como bien resalta el portal web ya citado, nada dice la sentencia de los beneficios que la reducción de un 32 por ciento de la contaminación pudo tener en el total de la población. Además, el Ayuntamiento, que ya ha confirmado que volverá a ampliar las aceras estas fiestas navideñas, recurrió la sentencia por entender que contaba con la competencia oportuna en base al «principio de autonomía local de refrendo constitucional».