La perrera municipal de Madrid afronta una situación difícil de desbordamiento. Tras siete meses desde la entrada en vigor de la ley regional que prohibía sacrificar mascotas abandonadas, todas las jaulas del centro están ocupadas, según ha informado el diario El País.
Frente a la imposibilidad de los trabajadores de hacer más con menos, el Ayuntamiento asegura estar trabajando en ampliar las instalaciones y el gobierno autonómico defiende haber duplicado la partida destinada a la asistencia de animales abandonados.
Tras la aprobación de la mencionada ley, que entró en vigor en marzo, los problemas de sobrepoblación no han tardado en llegar. El Ayuntamiento, que está tratando de agilizar los trámites de adopción de mascotas abandonadas y que abrió un nuevo centro en Retiro, achaca las dificultades a la imposibilidad de incorporar funcionarios debido a las órdenes del Ministerio de Hacienda.
Los trabajadores de los centro por su parte se lamentan: «Sabíamos que iba a llegar esta situación. La ley está muy bien en su filosofía, pero no funciona sin una campaña sería de esterilización y adopción. Plantear que un animal esté siete u ocho años en una jaula no es trabajar por su bienestar», afirman, según declaraciones recogidas por El País.