La afectación de los pisos de alquiler turístico tiene, ha tenido o está teniendo un efecto que puede considerarse mariposa: ningún barrio (ninguna ciudad occidental) escapa de su influencia. El avance inexorable de Airbnb ha redundado en una expulsión acelerada de los residentes de zonas céntricas a zonas periféricas y a otras poblaciones.
Madrid, cuyas viviendas de alquiler turístico conviven con el resto de los pisos en una situación de irregularidad, afrontará la regulación de esta problemática en los próximos meses.
Así lo hizo saber ayer el alcalde de la ciudad. José Luis Martínez-Almeida, durante las jornadas ‘Metaverso’ organizadas por Atresmedia, dijo que «es una actividad económica y por tanto hay que establecer los mismos parámetros para esta actividad que para el resto de las actividades de inmuebles de uso residencial en nuestra ciudad».
Una situación de irregularidad
En febrero de este año, el periodista Daniel J. Ollero publicó un reportaje titulado ‘Radiografía del Airbnb en Madrid: 13.001 apartamentos turísticos ilegales disparan un 22% el precio’ que ayuda a entender la decisión anunciada por el alcalde.
Un párrafo revelador del citado artículo dice lo siguiente: “El problema reside en el baile de cifras: 13.251 pisos turísticos anunciados y, según datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Madrid, tan solo 250 licencias municipales concedidas, lo que supone que solo el 1,89% del total de la oferta opera de forma legal. Es decir, en la capital de España existen 13.001 pisos turísticos (el 98,11%) que no cumplen con los requisitos legales para funcionar”.
¿Qué va a hacer Madrid?
La decisión de Martínez Almeida no se conocerá hasta dentro de tres o cuatro meses, que es cuando se espera tener definida la nueva ley. El alcalde ha indicado dos cosas que dan a entender que las medidas tendrán poco o nada que ver con las tomadas por Nueva York: “es una realidad que hay que regular” y “regular no es prohibir”.
También ha hablado de la necesidad de colaborar con el Estado, las Comunidades e incluso la Unión Europea.
El programa político del Partido Popular en su presentación al Ayuntamiento de Madrid contempla este cambio, pero no profundiza en él y habla de: “dar solución de forma inmediata a los nuevos retos cambiantes como son las viviendas de uso turístico”
El ejemplo de Nueva York
En las últimas semanas la conversación ha sido indisociable: si se habla de regular las viviendas de alquiler turístico, se habla de Nueva York. La ciudad estadounidense aprobó el 5 de septiembre un nuevo régimen de alquiler para las viviendas turísticas.
La Ley local 18 solo permite alquileres de apartamentos en plataformas como Airbnb o Booking si se cumplen cinco requisitos. Uno, el dueño tiene que estar durante la estancia; dos, máximo de dos huéspedes; tres, las puertas de las habitaciones no pueden tener cerrojo; cuatro, la propiedad no puede ser de renta antigua; cinco, la casa debe estar registrada para hacer reservas.
¿La consecuencia? Desaparecieron 10.000 anuncios, tal y como informa este artículo de El País.