Madrid y el turismo mantienen una relación en la cuerda floja. La capital absorbe un enorme número de visitas foráneas (siete millones de viajeros en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística) y se acomoda entre los destinos favoritos de toda España.
Los turistas vienen, ven, consumen, gastan y se van. Todo fluye. Pero los barrios del centro trastabillan sobre la cuerda. Su rutina no puede compaginarse con un estilo vacacional en el que el botellón, las locuras de madrugada y la falta de civismo forman parte de la agenda de cada noche.
Barrios con una ubicación privilegiada, como Lavapiés, Malasaña y Chueca, están sometidos a una «turistificación» que conlleva el fin de la vida de barrio. La «población flotante» (los viajeros) usurpan los taburetes de los bares en los que, en otro tiempo, las parroquianas y los parroquianos se juntaban a tomar cañas. La mercería, la droguería y la peluquería bajan la persiana metálica para siempre. Las tiendas gigantes, las cadenas de comida rápida y los garitos cool se meriendan a los comercios de toda la vida.
Además, el impacto del turismo en masa también acarrea problemas en el mundo inmobiliario. Las vecinas y vecinos de toda la vida se topan cara a cara con el gigante de la gentrificación, que se manifiesta en forma de alquileres imposibles de pagar. La casa de la abuela pasa a ser un alojamiento para turistas en el centro.
De estas consecuencias desastrosas nacen protestas creativas como la colocación de carteles de alquiler sarcásticos o poner pegamento en las cerraduras de los pisos turísticos. Las llevan a cabo colectivos que luchan por proteger Madrid tal y como lo conocemos.
La ley «anti Airbnb»
Recientemente la normativa sobre pisos turísticos del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un Plan Especial de Usos del Hospedaje (PEH), un giro tan brusco que ha hecho que los alquileres vacacionales pierdan el equilibrio en la cuerda.
Las Viviendas de Uso Turístico (VUT) deberán cumplir unos requisitos que más de 10.000 pisos no podrán asumir, según los cálculos municipales. Esta cifra representa el 95% de las VUT, la práctica totalidad de este tipo de alojamientos en la ciudad.
Todos los pisos turísticos deberán obtener una licencia para operar, y para optar a ella necesitan contar con un acceso independiente distinto al que usan el resto de vecinas y vecinos de la comunidad. El portal, los rellanos y el ascensor comunes serán terreno vedado a los huéspedes, aunque estas limitaciones dependen de la zona donde se encuentra la vivienda.
Por otra parte, el Ayuntamiento está preparando otra norma para obligar a todos las VUT a solicitar una licencia, puesto que ahora solo tienen que adquirirla las que se alquilan más de 90 días al año.
Los tres anillos que dividen Madrid
La ciudad va a seguir la estrategia de otras capitales europeas con altos índices de visitantes dividiendo el territorio en cuatro áreas separadas por tres anillos concéntricos sobre los que la ley se aplicará de manera distinta.
- Anillo 1. Engloba al distrito Centro.
- Anillo 2. Corresponde a Chamberí, Arganzuela, Salamanca, Retiro, El Viso y Argüelles.
- Anillo 3. La almendra central y la zona periférica de Madrid (Vallecas, Usera, Carabanchel, etc.).
Los dos primeros anillos experimentarán una aplicación estricta de la norma: será obligatorio el acceso independiente, mientras que en el tercer anillo solo se exigirá esta entrada donde esté prohibido establecer servicios terciarios.
El periódico EL PAÍS ejemplifica esta distinción de la siguiente manera: Por ejemplo, en un edificio de cuatro plantas, en el que en la primera se admite hospedaje y oficinas y en la cuarta solo hospedaje, en los anillos 1 y 2 harían falta accesos independientes en los dos pisos, pero en el anillo 3, solo en el cuarto.
El Ayuntamiento pretende así desplazar las viviendas turísticas hacia el exterior, para desahogar el centro al tiempo que se estimula la actividad económica en otras áreas de la capital.
La persecución de los pisos turísticos ilegales
Las nuevas restricciones a los alquileres vacacionales van acompañadas por un sistema de multas a las VUT ilegales. El Ayuntamiento cuenta con un equipo de inspectores de la Agencia de Actividades que lleva investigando e imponiendo sanciones desde el verano pasado.
La normativa del Ayuntamiento entrará en vigor de manera inmediata, pero todavía podrá ser recurrida ante la Justicia. La cuerda sobre la que caminan la ciudad y el turismo está más tensa que nunca.
Foto de portada: Gacetín Madrid